España mantiene un conflicto cuasi permanente con todo lo que rodea a la producción y utilización de carbón. Es un tema que afecta al medio ambiente, al empleo ligado a las minas, a las cuencas mineras que reciben los beneficios de esta actividad, etc. Ha resurgido recientemente, como no podía ser de otra manera, porque la reducción de las ayudas por parte del Gobierno la impone la necesidad de reducir el déficit público.
Creo que es una opinión generalizada que el carbón debería dejar de quemarse en todo el mundo a medio plazo, y en los países industrializados a corto plazo, por sus impactos ambientales. Se ha de pensar inmediatamente en los efectos sociales de esta decisión: pérdida de empleo, pérdida de ingresos en los territorios afectados, riesgo de despoblación, etc. Los mineros han sido tradicionalmente objeto de muchas "simpatías" pero no hay duda de que sus reivindicaciones deben ser cuestionadas para ver si tienen sentido en estos tiempos.
Las actuales ayudas al carbón forman parte del Plan del Carbón del Gobierno de Rodríguez Zapatero y se desglosan en tres partes: ayudas a los mineros, a la reindustrialización de las cuencas mineras y a las empresas mineras que queman carbón. Según ese Plan, las ayudas estatales deberían desaparecer en 2019 tras una reducción progresiva de las mismas. Por otra parte, el carbón español es más caro y de peor calidad que los carbones importados, por lo cual se encuentra en clara desventaja con respecto a éstos.
De todos los combustibles fósiles, el carbón es el que más impactos ambientales produce. En la generación de electricidad, el carbón emite tres veces más CO2 que el gas natural, en la quema de carbón se emiten óxidos de azufre que reaccionan con el agua de la atmósfera dando lugar a las lluvias ácidas, ... Se han desarrollado tecnologías de desulfuración pero persiste la emisión de gases de efecto invernadero que dan lugar al cambio climático. Se proponen tecnologías de secuestro de carbono (atrapar el CO2 e inyectarlo en el subsuelo) que no es seguro que vayan a ser efectivas en el largo plazo y que requieren aún mucha investigación.
El carbón español se mantiene en la producción de electricidad gracias a las subvenciones que ha recibido ininterrumpidamente ya que la liberalización del sector eléctrico español habría acabado con el sector. En 2011, las ayudas ascendieron a unos 600 millones. Si tenemos unos 8.000 mineros en activo en España, estamos pagando al año la friolera de unos 75.000 euros por minero. Saldría más barato pagar directamente los sueldos de los mineros sin que tuvieran que trabajar. La cuestión fundamental es si esas ayudas se destinan a fines que nos parecen respetables: La UE las declaró legales, pero la Comisión Nacional de la Energía (CNE) alertó en 2011 de que pueden estar haciendo que algunas centrales usan un mecanismo que «podría estar suponiendo un incremento de precios en el mercado».
La realidad es que se sigue subvencionando la producción y uso de carbón nacional en un momento en que no hay situación de crisis energética, no está en riesgo la garantía de suministro de electricidad y no peligran las centrales productoras de electricidad a base de carbón. El Decreto de 2011 obligaba a generar una energía eléctrica de unos 23.000 gigawatios-hora a partir de carbón, lo que forzaría a que sólo se consumiera carbón nacional y a que prácticamente no se incrementaran por esta causa las emisiones de CO2. Sin embargo, el efecto no ha sido ése ya que se ha duplicado la generación eléctrica con carbón mientras que los ciclos combinado de gas han disminuido su producción hasta el 20% de su capacidad afectados también por el incremento de la producción renovable.
Lo más sensato sería usar las ayudas para cambiar la actividad y mantener el carbón necesario para usos distintos a la generación de electricidad. Sin embargo, hay que reconocer que no es fácil reconvertir una cuenca minera. Las actividades alternativas imaginables no conectan con la idiosincrasia de los mineros, que se ven a sí mismos como obreros industriales y que aspiran a un puesto de trabajo convencional en una fábrica. Por tanto, parte de las ayudas deberían pensarse como un medio para la industrialización de las cuencas mineras. El problema es que hoy este programa, o uno similar, tiene pocos defensores.
Como se ha dicho al principio, el Gobierno del PP ha tirado por la calle de enmedio y se ha cuestionado todas estas ayudas desde su misma raíz. Lo último que se ha propuesto es sacar adelante una propuesta de "nuevo incentivo a la inversión para la mejora medioambiental" dirigida a instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono, lo que constituye un incentivo a su consumo; pretende así garantizar un funcionamiento de la minería autóctona competitiva como soporte estratégico de especial relevancia para la seguridad de suministro en el sistema eléctrico español.
Sin embargo, los sucesivos borradores de la Orden que regulará ese incentivo han topado con la oposición de casi todos los sectores afectados y, cuando finalmente el Gobierno ha decidido enviar un documento final a la CNMC, ésta le ha vuelto a sacar los colores cuestionando desde el punto de vista de la regulación económica eficiente y de la competencia varios aspectos de la futura norma (algunos aspectos no están suficientemente justificados en cuanto a necesidad y proporcionalidad, no son mecanismos de capacidad ni ayudas medioambientales) y aconseja notificar la propuesta a Bruselas antes de aprobarla ya que contiene elementos que podrían considerarse como Ayudas de Estado. Este informe de la CNMC no es vinculante pero no parece que el Gobierno tenga intención de saltárselo a la torera.
En fin, un asalto más, sigue el combate y su continuación es probable que quede para el nuevo Gobierno que surja tras las elecciones generales del 20-D.
