La teoría conspiratoria del Gobierno contra las renovables

(Resumen del artículo del Periódico de la Energía)

Van avanzando, al menos en el Tribunal Supremo, los juicios de los recursos contra el "hachazo" a las renovables y los peritos de los recurrentes han ido  presentando sus informes y prestando declaración en los distintos casos. El pasado 2 de julio fue el turno del expresidente de Red Eléctrica y exconsejero de la Comisión Nacional de la Energía, Jorge Fabra para explicar su informe pericial (33 páginas, titulado "Ausencia de diagnóstico, alternativas no analizadas, arbitrariedad y discriminación en la nueva regulación del Sector Eléctrico"), presentado por el recurrente Anpier.

El expresidente de REE se dedicó a desmontar la teoría del Gobierno de que las energías renovables fueron las únicas culpables del enorme agujero identificado como déficit de tarifa que llegó a alcanzar los 30.000 millones de euros en su mayor auge. Jorge Fabra es uno de los mayores expertos del funcionamiento del sistema eléctrico y conoce los entresijos de toda la regulación del sector; explicó a los magistrados del Supremo que la Administración actuó de forma totalmente arbitraria y discriminatoria a la hora de legislar la reforma eléctrica de los últimos años al conocer sobradamente la verdadera causa del déficit eléctrico generado en buena parte en los últimos 10 años.

En 2008 la Comisión Nacional de la Energía informó sobre la propuesta de revisión de la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de ese mismo año y reflejó con claridad que la principal responsabilidad de la brecha entre precios y costes del mix energético recae en la retribución de la generación de las centrales históricas y, entre ellas, en particular, la de las centrales nucleares e hidroeléctricas. Estas sobre-retribuciones, conocidas como "wind fall profits", proceden del pacto del Gobierno con las empresas de Unesa en 1997 del "Protocolo para el establecimiento de una Nueva Regulación del Sistema Eléctrico Nacional", que acordó la fijación del sistema marginalista de fijación precios por el cual todas las centrales de generación pasarían a cobrar el precio de la última central que completa la cobertura de la demanda de electricidad.

Además el Protocolo estableció la compensación a las centrales históricas, vía Costes de Transición a la Competencia (CTC), por los supuestos quebrantos debidos al nuevo sistema regulatorio a las inversiones correspondientes a esas centrales históricas. Empresas y Gobierno fueron conocedores y conscientes de que, sobre esta base, las inversiones en cuestión quedaban ya recuperadas.

En su reflexión final, Fabra se pregunta: ¿Qué rentabilidad están teniendo desde hace casi ya diez años las centrales históricas, típicamente nucleares e hidroeléctricas?. Pues hace el cálculo:

1. Teniendo en cuenta la energía producible media de las centrales hidroeléctricas, sus costes remanentes de producción y sus ingresos, estas centrales estarían experimentando, desde junio de 2005 hasta el presente, beneficios inesperados entre 1.275 y 1.670 millones de euros anuales
2. Bajo los mismos criterios, las centrales nucleares estarían experimentando beneficios inesperados entre 1.078 y 1.692 millones de euros anuales

En resumen, desde junio de 2005, fecha de recuperación de los CTC’s, las centrales nucleares e hidroeléctricas, cuya inversión se produjo bajo un marco regulatorio que aseguraba una tasa razonable de rentabilidad, han generado unos ingresos inesperados que se han situado entre 2.335 y 3.361 millones de euros anuales. Es decir, en 10 años estos ingresos inesperados han alcanzado una cifra de orden de magnitud semejante a la del Déficit de Tarifa.

Por todo esto, Fabra acusa al Gobierno de haber actuado con deslealtad, de forma arbitraria y discriminatoria, en los recortes a las renovables, convirtiendo a estas tecnologías como las únicas culpables del agujero del déficit cuando en realidad no ha sido así. Y quien lo dijo fue la CNE.