El rescate de las eléctricas españolas

Desde 1998, cuando se liberalizó la energía eléctrica, 28 millones de consumidores han visto aumentar en más de un 80% el precio de la luz y los beneficios de las cinco principales eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, Viesgo y EDP) no han dejado de crecer, incluso durante la crisis. Así, en España un 16,6% de la población tiene serios problemas para pagar la luz y la calefacción y este país es el cuarto con los precios más altos de la UE.

Dicen las eléctricas que las tarifas aumentan porque su actividad es deficitaria, algo difícil de confirmar porque no se conocen buena parte de sus costes de producción. El sistema eléctrico es complejo, opaco, y ocultan una permanente transferencia de la renta de los consumidores a las grandes corporaciones.

El Observatorio de la Deuda en la Globalización ha hecho algunos cálculos y ha estimado que los hogares han entregado a las grandes eléctricas entre 60.000 y 80.000 millones de euros en "pagos ilegítimos" entre 1998 y 2013:

• Hasta 1997, el suministro eléctrico estaba regulado. El Estado establecía lo que los consumidores tenían que pagar y lo que las eléctricas tenían que cobrar. En Noviembre el Gobierno de Aznar abandona la noción de servicio público. Una parte importante del precio de la electricidad sería decidido por las leyes de la oferta y la demanda. Las eléctricas pusieron sobre la mesa sus costes, sin ninguna auditoría pública. Y el Gobierno los aceptó y creó los Costes de Transición a la Competencia (de los que hablaremos en otro momento más detenidamente) para compensar una teórica bajada de precios y garantizar a las empresas el cobro de la cantidad deseada. El Gobierno concedió ayudas a las eléctricas por valor de 7.327 millones, que aún hoy siguen pagando los consumidores en su factura

• En 2000, Rodrigo Rato estableció un límite para el precio de la luz y diseñó una arquitectura para que las empresas no perdieran. De nuevo, las grandes eléctricas pusieron sobre la mesa sus supuestos costes y el Estado les aseguró cubrirlos asumiendo las diferencias (déficit de tarifa) como deuda con las eléctricas. Pero esa deuda no la paga realmente el Estado, sino millones de consumidores en su factura de la luz. Y la deuda no es ya con las eléctricas, sino con los tenedores de bonos que le compraron la deuda a las eléctricas y cobran sus intereses por ello. A finales de 2013, los consumidores habían pagado a través de su factura 13.169 millones de euros en cuotas e intereses de esta deuda y quedan por pagar otros 27.700 millones de euros. Esto ha servido además para justificar todo tipo de tropelías y de cambios de regulación y consolidación del poder de las eléctricas

• Y en ésas estábamos cuando llega la crisis y le pilla a España (a las mismas eléctricas, entre otras empresas) con un crecimiento desmesurado del parque de generación, sobre todo en forma de nuevas centrales de ciclo combinado (gas) (potencia multiplicada por diez entre 2002 y 2010) y la euforia se desinfla. La demanda de electricidad disminuye por pérdida de poder adquisitivo y las centrales de gas se ven obligadas a parar al no haber necesidad de su producción; sus costes son mucho más altos que los de las renovables, que habían crecido en competitividad y eficiencia y además producen de forma prioritaria. ¿Qué se le ocurre al Gobierno? Pues un “rescate encubierto” de las eléctricas a diferencia de lo hecho con otros sectores quebrados. Siguió subiendo el precio de la luz y también el déficit de tarifa y llegaron los llamados pagos por capacidad, pagos a las grandes eléctricas por tener unas instalaciones inactivas por si se necesitan en algún momento, algo absurdo en años de sobrecapacidad, y que, camuflados en la factura de la luz, han supuesto a los consumidores 12.476 millones de euros

• Y se remata el tema con pagos a grandes corporaciones industriales, también a través de la factura de la luz, bajo el supuesto de que se ofrezcan a parar instalaciones cuando se produzca un pico de demanda eléctrica. Son los llamados pagos por interrumpibilidad, por los que los hogares han pagado entre 2008 y 2013 2.700 millones de euros

¿Qué os parece? No es tan complicado de entender cuando alguien se toma la molestia de hacer números y explicarlo con claridad. Pues hay aún más, si bien lo dejaremos para otra ocasión.