Este tema ha aparecido ya en este blog aunque probablemente de manera muy marginal y sin haberle dado hasta el momento el hueco que verdaderamente se merece.
Y es que, ante la necesidad de racionalizar el uso de un recurso escaso, cualquiera que sea éste, la primera idea que surge es la de reducirlo, minimizarlo o, al menos, destinarlo a aquello que resulte más eficiente. Justamente lo contrario de lo que se ha hecho históricamente en España donde se ha promovido el consumo desbordado de energía y la incitación al mismo y nunca la política del ahorro y la utilización racional de los recursos.
Así que el reto de la eficiencia energética en España, y también en Europa (aunque en menor medida), es el nunca abordado y siempre pendiente. Se habla sistemáticamente de la importancia capital de este concepto para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y también para mejorar la competitividad de nuestras economías y nuestra seguridad energética, y, sin embargo, hasta ahora se ha progresado mucho menos de lo previsto ... y de lo necesario.
Claro que es más fácil "epatar" al personal con grandes políticas energéticas de generación, transporte, interconexiones, etc. en lugar de remangarse y ponerse a pensar cómo hacer visible el problema de la eficiencia energética y cómo extenderlo entre la población. Son acciones que deben realizarse a pequeña escala, donde los frutos se obtienen poco a poco y en el medio-largo plazo, vamos, que lucen poco e interesan menos aún a nuestros gestores.
A eso puede añadirse también que los beneficios de estas actuaciones se reparten entre distintos agentes, incluso dentro de la misma empresa, y que los instrumentos utilizados hasta el momento han sido poco ambiciosos y no han sido capaces de atacar todos los problemas que dan lugar a la falta de eficiencia.
Es imprescindible la colaboración del sector público y privado, coordinando sus intereses y utilizando de forma inteligente la regulación y el mercado. El sector público tiene que diseñar políticas que envíen señales de precio coherentes y crear las estructuras apropiadas para que se genere un mercado operativo para la eficiencia energética y el sector privado pueda responder de forma efectiva y eficiente con el considerable volumen de inversiones necesario.
Bien es cierto que las señales de precio no son suficientes. Los expertos señalan la dificultad de motivar a los consumidores exclusivamente con los ahorros económicos, por lo que es necesario asociar el incremento de eficiencia a mejoras en la seguridad, en el confort o en otros atributos más valorados por los consumidores.
En España se ha mejorado en intensidad energética, sobre todo desde 2007, pero todavía hay mucho por hacer, especialmente en el sector residencial y en el transporte. En particular es necesario cumplir con los objetivos de la Directiva europea de Eficiencia Energética. El mecanismo escogido por el Gobierno (un Fondo de Eficiencia Energética) presenta problemas de diseño que afectan a su efectividad y eficiencia económica.
No quiero dejar de recordar que Bruselas ha expedientado recientemente a España (una más) por no haber traspuesto al ordenamiento interno la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, que obliga a incrementar la calidad de los inmuebles para que se conviertan en "edificios de consumo de energía casi nulo". El consumo de las casas en la UE ha bajado un 11,9%; en España ha subido un 8%. La norma exige la elaboración de planes nacionales para aumentar el número de este tipo de edificios y establece un calendario para que las nuevas construcciones -desde el 31 de diciembre de 2020- o de propiedad pública -a partir del 31 de diciembre de 2018- lo sean. España tendrá que correr para recuperar el tiempo perdido y ponerse a la altura de los demás socios comunitarios, porque Bruselas ya ha montado los grupos de trabajo para revisar la Directiva e incluir mayores exigencias.
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