De todos es sabido que el precio de la electricidad, sobre todo para el consumidor doméstico, es un elemento político de primer orden. No serán pocos los usuarios que seguirán pensando que ese precio lo fija el Gobierno y, aunque no es del todo cierto, no deja de haber algo de verdad en esa afirmación, más aún cuando vemos al ministro Soria vanagloriarse de los efectos positivos de sus decisiones sobre "el precio de la luz" ... y esconderse cuando los efectos no son tan positivos.
Y esto es aún más evidente en período preelectoral, cuando todo el mundo echa mano de cualesquiera argumentos para hacer ver las (falsas) bondades de su gestión en esl sentido de abaratar lo que los españolitos pagamos por el suministro eléctrico.
Os apunto a continuación algunas noticias recientes sobre este tema. Si llegáis a entender el conjunto de las mismas, sois unos fenómenos:
* El recibo de la luz se disparó un 11,4% hasta julio y seguirá subiendo todo el año. De nada sirvió la bajada del 2,2% que de forma electoralista aplicó el Gobierno, tras el recorte de los peajes, porque la ola de calor disparó el precio mayorista al tener que entrar las centrales térmicas de gas y carbón, que son las que marcan los precios más altos. Todo ello en contra de lo que defendía el ínclito Soria. Si un hogar medio pagaba 67,62 euros en enero, en julio tenía que abonar 81,18 euros
* Subida sorpresa de un 3% en el recibo de la luz de agosto. La ola de calor siguió frustrando la bajada en la factura eléctrica que anunció el Gobierno en julio. En las tres primeras semanas de agosto, los costes de producción habían aumentado más de un 13% con respecto a las mismas fechas del año anterior. Esto significaba que los consumidores íbamos a tener que pagar hasta 5 euros más por la electricidad. Los altos precios de las centrales de carbón y gas seguían influyendo pero además las eléctricas no soltaban agua embalsada
* Pero hete aquí que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cualquier cosa menos independiente, acaba el mes de agosto afirmando que el recibo de la luz había bajado de media un 3,7%. Este caída se habría sumado a las experimentadas en febrero (5,4%) y mayo (1,5%) mientras que se habrían producido subidas en julio (3,3%), junio (5,2%), enero (3%), marzo (0,5%) y abril (1,8%). Los 72,22 euros de agosto se habían pagado a razón de 15,20 euros por término fijo, 41,59 euros por el consumo, 2,90 euros por los impuestos eléctricos y 12,53 euros por el IVA
* En septiembre la CNMC vuelve a informar de que el recibo medio de electricidad había bajado un 4,5% con respecto al mes anterior. Sin embargo, Facua-Consumidores en Acción "denunció" que el recibo de la luz se había encarecido un 8% hasta septiembre respecto al mismo periodo de 2014 y que el precio del kWh había subido una media del 10,3% en los nueve primeros meses
* Y en octubre, según la información de la CNMC, nueva subida del 1,7%. Facua, por su parte, informaba de que el recibo de la luz había subido un 6,3% entre enero y octubre con respecto al mismo periodo de 2014
El resumen de todo esto es que no hay quien se aclare con el precio que pagamos por la electricidad. ¿Alguien puede concebir que paguemos lo que pagamos por un bien sin saber por qué abonamos esas cantidades? El precio de la luz que pagamos los hogares ha subido en España el doble que en el resto de la Unión Europea durante la crisis económica (entre el segundo semestre de 2008 y el mismo periodo de 2014, el coste de la electricidad aumentó en 0,081 euros/kWh, el doble que los 0,042 euros/kWh de subida media en el resto de la UE); España se ha situado como el cuarto país europeo con el precio más caro de la electricidad, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda.
En términos porcentuales, el incremento de la electricidad en los últimos seis años para las viviendas españolas ha sido del 70%, mientras que en Francia o Alemania, segundo y tercer país en el ránking, los encarecimientos fueron del 50% y el 40%, respectivamente. Y la mayor parte de ese coste es lo que muchos identifican como 'cuña gubernamental': impuestos, gravámenes y costes vinculados con las políticas energéticas como el apoyo a las energías renovables, el coste de la deuda acumulada del sistema, las ayudas a la gran industria y al carbón, etc.
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