¿De verdad necesitamos la energía nuclear?

Atención, pregunta: ¿Quién no ha escuchado o leído alguna vez que la energía nuclear es la mejor en cuanto a precio y garantía de suministro? ¿Y que es también la mejor fuente para luchar contra el cambio climático? Supongo que prácticamente nadie. Vamos, que es la panacea, y que los agoreros de la seguridad de las plantas nucleares y de la gestión eterna de los residuos que generan son todos unos teatreros.

Dando por válida la bondad de estas instalaciones en cuanto a sus nulas emisiones (discutible), la cuestión se plantea siempre en términos económicos. Y, puesto que la alternativa a considerar son las energías renovables, y éstas (se dice) resultan caras por su desarrollo incipiente y su ineficiencia, las cosas parecen caer por su propio peso.

La electricidad nuclear se oferta en el mercado a precios muy bajos, porque sus costes variables de funcionamiento son bajos, pero también por la propia naturaleza del mercado y porque su energía debe venderse “a toda costa” ya que las plantas no pueden parar y arrancar continuamente. Pero en la práctica, en España esa energía acaba vendiéndose al precio de la más cara.

Y es que, siendo esta generación tan buena y barata como se dice, ¿por qué no se están construyendo centrales nucleares “a punta de pala” por todo el mundo? Pues simple y llanamente por todos los costes que conlleva y en esto la generación nuclear queda en absoluta evidencia:

• Inversión: Incalculable, enorme, cada vez mayor por las dificultades de los proyectos y por las exigencias de seguridad (costes reales multiplican por 2 ó 3 los estimados)
• Gestión de residuos: No soportados en todos los casos por las propietarias de las centrales, a asumir durante cientos de años (15-20 mil millones de euros/año)
• Seguros por responsabilidades asociadas a accidentes: Por convenios internacionales, 700 millones de euros por accidente asumidos por la Propiedad y el resto cubierto por los Estados - el accidente de Chernóbil ha costado más de 200.000 millones de euros. Si las centrales nucleares contrataran a su cargo un seguro privado, el coste de generación podría aumentar un 300%
• Otros costes: volatilidad del precio del uranio, costes financieros, moratoria nuclear, costes de mantenimiento en aumento, etc.

A añadir a esto que el suministro del combustible implica siempre dependencia del exterior, que es perentoria la necesidad de brutales ayudas públicas (pagadas por todos los españolitos) y que hay un grave problema ético al mantener este tipo de generación cuando las consecuencias de un (¿muy improbable?) accidente son más que funestas, en el futuro inmediato y, peor aún, para las siguientes generaciones.

Bien, ¿ha cambiado en algo tu opinión? Espero que sí y que con ello empieces a cuestionarte si es verdad que no se puede hacer nada para resolver este problema y encontrar otra respuesta a mi pregunta.

Y seguimos a vueltas con Garoña

El secretismo del CSN continúa en el caso de la central nuclear de Santa María de Garoña (igual que en el del almacén de residuos radioactivos de Villar de Cañas). El acceso a la información del proyecto está restringido al máximo, dentro y fuera del organismo, y ni siquiera los consejeros del centro pueden disponer de los estudios libremente.

Mientras tanto, sus técnicos denuncian injerencias políticas, presiones de la dirección, falta de independencia, "caza de brujas", etc. Algo grave en cualesquiera circunstancias pero más aún en estos momentos de Gobierno en funciones y probable cambio de responsables y criterios gubernamentales a la vista. El personal se ha visto obligado a volver a los informes en papel, que tras su elaboración son escaneados para digitalizarlos y son archivados en un servidor aparte, no en la base documental general.

“En materia de seguridad nuclear la transparencia y la participación pública se convierten en garantías. Cuánta más información hay disponible y más fácil es exigirla, la seguridad es mayor”, sostiene Raquel Montón, de Greenpeace. “Pero hoy el CSN, en lugar de apostar por la transparencia, camina justo en la dirección contraria”.

La dirección del organismo aplazó por segunda vez, hace más de dos meses y por supuestos problemas de agenda, la reunión del Comité Asesor, un órgano en el que están representados Gobierno, CCAA y ayuntamientos, pero también organizaciones ecologistas y sindicales. La inmediatez de las elecciones del 20-D y el total control del PP sobre el Consejo del CSN estaban en el origen de esa decisión. La dirección del Consejo prefirió posponer un problema y ahorrarle al Gobierno más ruido antes de las elecciones sobre las polémicas abiertas.

En estas últimas fechas la polémica se ha agravado porque sigue siendo una auténtica incógnita lo que el Gobierno actual pueda llegar a resolver respecto a la reapertura o parada definitiva de la central y porque, en la segunda central más antigua de España, la de Almaraz, los inspectores del CSN han alertado de fallos en el sistema de refrigeración, sugiriendo incluso la parada inmediata del reactor para solucionar el problema. Greenpeace advirtió ya en 2015 de que Almaraz representa las carencias de todas las plantas españolas, como evidenciaba un informe europeo realizado por una consultora independiente en el que se suspendía el test de resistencia nuclear.

En estos mismos días, todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, tras una reunión de trabajo impulsada por Greenpeace, habían remitido una carta al presidente del CSN solicitando que detenga temporalmente el proceso de evaluación para la renovación de explotación de Garoña hasta la formación de un nuevo gobierno. También se le solicita su comparecencia urgente para informar debidamente de todo el proceso.

Sin embargo, un día después el pleno del CSN daba nuevos pasos para hacer posible reabrir la central y aprobaba modificaciones técnicas que lo facilitan. Lo justificaban como previsto en la guía de evaluación para la evaluación y emisión del informe solicitado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, informe que sería remitido durante el segundo semestre del presente año.

Por todo ello, y como he indicado en otros posts de este blog, se extiende el temor de que el visto bueno primero del CSN y eventualmente también del Gobierno serviría para que Endesa e Iberdrola puedan lanzar una batalla legal para reclamar una indemnización por lucro cesante en caso de orden de cierre posterior y para abrir la puerta para que el resto de centrales nucleares españolas se lancen a solicitar la ampliación de su vida útil hasta la sesentena.

El caso Garoña

Desde hace tiempo, pero con más intensidad en las últimas semanas, se vienen filtrando noticias sobre las posibles intenciones del Gobierno del PP de autorizar la "reposición" en funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), propiedad de la empresa Nuclenor (controlada a partes iguales por Endesa e Iberdrola)

Muy brevemente, esta central, de tipo BWR (boiling water reactor: el agua común, que se utiliza como refrigerante y moderador, alcanza la ebullición en el núcleo, formando vapor que se utiliza para impulsar la turbina que mueve el generador eléctrico), tiene una potencia instalada de 460 MW, fue inaugurada en 1970 y cesó su actividad el 16 de diciembre de 2012. Su producción solía ser en torno a 3.500-3.700 GWh/año (90% de carga), lo que representaba el 6,5 % del total de producción nuclear nacional y el 1,4 % del total de producción eléctrica. Es del mismo tipo que la accidentada Fukushima I (misma generación y mismo sistema de contención)

En Julio de 2009, por orden ministerial y en contra de lo planteado en el programa electoral del PSOE de 2008, el Gobierno aplazó cuatro años el cierre y desmantelamiento de la central, provocando el descontento tanto de organizaciones antinucleares como de la empresa propietaria. Nuclenor había presentado la documentación necesaria para solicitar la extensión de su vida útil 10 años más (hasta 2019) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había emitido un informe favorable con una serie de límites y condiciones que la empresa operadora debía cumplir, unos en 2011 y otros a partir de 2013. Una cuestión fundamental en esta central es la situación de su piscina de combustible, que alcanzaba su máxima capacidad hacia 2015, al igual que en otras centrales nucleares españolas, sin que el Gobierno haya establecido plazos ni elegido entre el abanico de soluciones técnicas al problema.

El 6 de Septiembre de 2012, Endesa e Iberdrola decidieron dejar pasar el plazo para solicitar la renovación de la licencia alegando "incertidumbre regulatoria", basada fundamentalmente en "las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear en el marco de la reforma energética aún pendiente"; se refiere esto al posible canon para la producción de origen nuclear, que podría poner en duda la viabilidad económica de la planta, y todo ello a pesar de que el Gobierno del PP había hecho bandera del mantenimiento en funcionamiento de Garoña, La expiración de la licencia se mantenía así en el 6 de Julio de 2013 y finalmente el 16 de Diciembre de 2012 el reactor se paró completamente y se produjo el desacoplamiento de la red.

Con esto deberían haberse iniciado las tareas de vaciado del combustible, lo que convertiría la parada en definitiva y daría lugar al inicio de las tareas previas de desmantelamiento de la central. Sin embargo, en Mayo de 2013, el CSN resolvió conceder a los operadores de Garoña un año adicional para solicitar la prórroga de su vida útil. Finalmente, en el BOE de 10 de Julio de 2013 se publicó la orden que establece el cese definitivo de la explotación de la central.

Nuclenor presentó en Mayo de 2014 ante el Ministerio de Industria su solicitud para reabrir la central y ampliar su vida útil hasta 2031, cuando cumplirá los 60 años desde su construcción. El CSN exige inversiones millonarias previas a dar el visto bueno a la reapertura y la compañía ha estado frenando durante meses la decisión sobre si realizar las reformas que le reclama el regulador por razones técnicas, económicas … y también políticas, éstas por el escenario que se abriría tras las elecciones del 20-D y puesto que la autorización definitiva la debe dar el Gobierno, el próximo. En este sentido, el PP apoya la reapertura de Garoña, pero el PSOE recogía explícitamente en su borrador de programa electoral su cierre inmediato, al igual que Podemos y, con algún matiz, Ciudadanos.

Mientras tanto, en el fracturado CSN, con la inestimable colaboración del actual Gobierno en funciones, siguen saltando chispas en relación con este tema. Hace un par de meses avanzó un poco en el proceso para la reapertura al aprobar nuevas especificaciones técnicas de funcionamiento de la vasija, con un voto en contra, eso sí, el de la ex-ministra Cristina Narbona.

En estos últimos días, y no está claro por qué, el CSN pretendía haber dado un empujón más al proceso analizando otra serie de modificaciones de criterios técnicos aplicables a la planta. El orden del día de la última reunión incluía hasta siete puntos relacionados con la puesta en marcha de la central de Garoña pero se han topado con la petición de alguno o algunos de los consejeros de aplazar la votación, posibilidad contemplada en el Estatuto del Centro aunque en este caso sin explicar las causas exactas.

El pleno del CSN posterga así al menos una semana la aprobación de las modificaciones técnicas que permiten avanzar en la reactivación de la planta nuclear burgalesa. En la próxima reunión, prevista para el miércoles 27 de Enero, otro de los consejeros puede pedir un segundo, y último, aplazamiento de la deliberación sobre estos asuntos. Pero ha de ser otro consejero distinto al que lo solicitara ayer.

Veremos en qué queda todo este embrollo.

La subasta de renovables de Enero

Bueno, ya estoy de regreso después de un período de poca disponibilidad para actualizar el blog y en el que, sin embargo y como no podía ser de otra manera, se han seguido produciendo muchas noticias en relación con este intrigante mundo de la energía.

Lo último en España, que está generando multitud de comentarios, casi todos negativos en cuanto a cómo se ha resuelto, ha sido la celebración de la primera subasta de energía renovable (eólica y biomasa), a la que se han presentado un sinnúmero de proyectos y ofertas y que, como casi todo lo que ha montado este nefasto Gobierno del PP, ha terminado de la peor manera posible. Os lo explico.

La oferta en la subasta de incentivos a la inversión ha multiplicado por cinco la capacidad subastada, por lo que los adjudicatarios han logrado la concesión sin retribución adicional a lo ingresado por el precio que determine el mercado mayorista (para lo cual no hacía falta acudir a ninguna subasta). Fuentes del sector consideran que el resultado de la subasta (EDP, Jorge Energy y Energías Eólicas de Aragón en eólica y Ence y Forestalia en biomasa: una buena parte ha ido a parar a un grupo de empresas de la misma familia aragonesa, los Samper, que se habrían hecho con más de 100 MW de biomasa y varios centenares de MW eólicos) hace peligrar el desarrollo de la potencia eólica asignada.

La subasta se ha mostrado una vez más como un producto financiero, tendencioso en expresión de Som Energia, y los adjudicatarios podrían tener dificultades para desarrollar los proyectos puesto que el resultado se aparta de la "ortodoxia económica". Los principales promotores del sector no han resultado adjudicados en esta subasta. 
No se ha tenido en cuenta un posible modelo distribuido, aprovechando ubicaciones con recurso medio, ni el tamaño de los parques, ni la implicación de la gente del territorio.

¡Ah! Y a la fotovoltaica, que quedó fuera de la subasta sin explicaciones, también le han vuelto a zurrar desde el Ministerio, para no variar. Les ha faltado tiempo para hacer una interpretación rastrera del resultado de la subasta y lanzarle otra andanada a la política de renovables de ZP, como si esto fuera ya un último salvavidas para su desastre total. Tras la bronca que se ha montado, sólo se les ocurre decir que "La nueva renovable es 15 veces más barata que la de Zapatero", lo cual, además de ser incierto y tendencioso, no tiene ningún sentido. Por supuesto no dice nada sobre la situación catastrófica del sector en España ni qué prevén para el desarrollo de los 6.400 MW adicionales renovables que aún precisaría España.

¿Habrá habido una mano negra guiando todo este tejemaneje? El tiempo nos lo dirá.