Desde hace tiempo, pero con más intensidad en las últimas semanas, se vienen filtrando noticias sobre las posibles intenciones del Gobierno del PP de autorizar la "reposición" en funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), propiedad de la empresa Nuclenor (controlada a partes iguales por Endesa e Iberdrola)
Muy brevemente, esta central, de tipo BWR (boiling water reactor: el agua común, que se utiliza como refrigerante y moderador, alcanza la ebullición en el núcleo, formando vapor que se utiliza para impulsar la turbina que mueve el generador eléctrico), tiene una potencia instalada de 460 MW, fue inaugurada en 1970 y cesó su actividad el 16 de diciembre de 2012. Su producción solía ser en torno a 3.500-3.700 GWh/año (90% de carga), lo que representaba el 6,5 % del total de producción nuclear nacional y el 1,4 % del total de producción eléctrica. Es del mismo tipo que la accidentada Fukushima I (misma generación y mismo sistema de contención)
En Julio de 2009, por orden ministerial y en contra de lo planteado en el programa electoral del PSOE de 2008, el Gobierno aplazó cuatro años el cierre y desmantelamiento de la central, provocando el descontento tanto de organizaciones antinucleares como de la empresa propietaria. Nuclenor había presentado la documentación necesaria para solicitar la extensión de su vida útil 10 años más (hasta 2019) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había emitido un informe favorable con una serie de límites y condiciones que la empresa operadora debía cumplir, unos en 2011 y otros a partir de 2013. Una cuestión fundamental en esta central es la situación de su piscina de combustible, que alcanzaba su máxima capacidad hacia 2015, al igual que en otras centrales nucleares españolas, sin que el Gobierno haya establecido plazos ni elegido entre el abanico de soluciones técnicas al problema.
El 6 de Septiembre de 2012, Endesa e Iberdrola decidieron dejar pasar el plazo para solicitar la renovación de la licencia alegando "incertidumbre regulatoria", basada fundamentalmente en "las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear en el marco de la reforma energética aún pendiente"; se refiere esto al posible canon para la producción de origen nuclear, que podría poner en duda la viabilidad económica de la planta, y todo ello a pesar de que el Gobierno del PP había hecho bandera del mantenimiento en funcionamiento de Garoña, La expiración de la licencia se mantenía así en el 6 de Julio de 2013 y finalmente el 16 de Diciembre de 2012 el reactor se paró completamente y se produjo el desacoplamiento de la red.
Con esto deberían haberse iniciado las tareas de vaciado del combustible, lo que convertiría la parada en definitiva y daría lugar al inicio de las tareas previas de desmantelamiento de la central. Sin embargo, en Mayo de 2013, el CSN resolvió conceder a los operadores de Garoña un año adicional para solicitar la prórroga de su vida útil. Finalmente, en el BOE de 10 de Julio de 2013 se publicó la orden que establece el cese definitivo de la explotación de la central.
Nuclenor presentó en Mayo de 2014 ante el Ministerio de Industria su solicitud para reabrir la central y ampliar su vida útil hasta 2031, cuando cumplirá los 60 años desde su construcción. El CSN exige inversiones millonarias previas a dar el visto bueno a la reapertura y la compañía ha estado frenando durante meses la decisión sobre si realizar las reformas que le reclama el regulador por razones técnicas, económicas … y también políticas, éstas por el escenario que se abriría tras las elecciones del 20-D y puesto que la autorización definitiva la debe dar el Gobierno, el próximo. En este sentido, el PP apoya la reapertura de Garoña, pero el PSOE recogía explícitamente en su borrador de programa electoral su cierre inmediato, al igual que Podemos y, con algún matiz, Ciudadanos.
Mientras tanto, en el fracturado CSN, con la inestimable colaboración del actual Gobierno en funciones, siguen saltando chispas en relación con este tema. Hace un par de meses avanzó un poco en el proceso para la reapertura al aprobar nuevas especificaciones técnicas de funcionamiento de la vasija, con un voto en contra, eso sí, el de la ex-ministra Cristina Narbona.
En estos últimos días, y no está claro por qué, el CSN pretendía haber dado un empujón más al proceso analizando otra serie de modificaciones de criterios técnicos aplicables a la planta. El orden del día de la última reunión incluía hasta siete puntos relacionados con la puesta en marcha de la central de Garoña pero se han topado con la petición de alguno o algunos de los consejeros de aplazar la votación, posibilidad contemplada en el Estatuto del Centro aunque en este caso sin explicar las causas exactas.
El pleno del CSN posterga así al menos una semana la aprobación de las modificaciones técnicas que permiten avanzar en la reactivación de la planta nuclear burgalesa. En la próxima reunión, prevista para el miércoles 27 de Enero, otro de los consejeros puede pedir un segundo, y último, aplazamiento de la deliberación sobre estos asuntos. Pero ha de ser otro consejero distinto al que lo solicitara ayer.
Veremos en qué queda todo este embrollo.
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