¿De verdad necesitamos la energía nuclear?

Atención, pregunta: ¿Quién no ha escuchado o leído alguna vez que la energía nuclear es la mejor en cuanto a precio y garantía de suministro? ¿Y que es también la mejor fuente para luchar contra el cambio climático? Supongo que prácticamente nadie. Vamos, que es la panacea, y que los agoreros de la seguridad de las plantas nucleares y de la gestión eterna de los residuos que generan son todos unos teatreros.

Dando por válida la bondad de estas instalaciones en cuanto a sus nulas emisiones (discutible), la cuestión se plantea siempre en términos económicos. Y, puesto que la alternativa a considerar son las energías renovables, y éstas (se dice) resultan caras por su desarrollo incipiente y su ineficiencia, las cosas parecen caer por su propio peso.

La electricidad nuclear se oferta en el mercado a precios muy bajos, porque sus costes variables de funcionamiento son bajos, pero también por la propia naturaleza del mercado y porque su energía debe venderse “a toda costa” ya que las plantas no pueden parar y arrancar continuamente. Pero en la práctica, en España esa energía acaba vendiéndose al precio de la más cara.

Y es que, siendo esta generación tan buena y barata como se dice, ¿por qué no se están construyendo centrales nucleares “a punta de pala” por todo el mundo? Pues simple y llanamente por todos los costes que conlleva y en esto la generación nuclear queda en absoluta evidencia:

• Inversión: Incalculable, enorme, cada vez mayor por las dificultades de los proyectos y por las exigencias de seguridad (costes reales multiplican por 2 ó 3 los estimados)
• Gestión de residuos: No soportados en todos los casos por las propietarias de las centrales, a asumir durante cientos de años (15-20 mil millones de euros/año)
• Seguros por responsabilidades asociadas a accidentes: Por convenios internacionales, 700 millones de euros por accidente asumidos por la Propiedad y el resto cubierto por los Estados - el accidente de Chernóbil ha costado más de 200.000 millones de euros. Si las centrales nucleares contrataran a su cargo un seguro privado, el coste de generación podría aumentar un 300%
• Otros costes: volatilidad del precio del uranio, costes financieros, moratoria nuclear, costes de mantenimiento en aumento, etc.

A añadir a esto que el suministro del combustible implica siempre dependencia del exterior, que es perentoria la necesidad de brutales ayudas públicas (pagadas por todos los españolitos) y que hay un grave problema ético al mantener este tipo de generación cuando las consecuencias de un (¿muy improbable?) accidente son más que funestas, en el futuro inmediato y, peor aún, para las siguientes generaciones.

Bien, ¿ha cambiado en algo tu opinión? Espero que sí y que con ello empieces a cuestionarte si es verdad que no se puede hacer nada para resolver este problema y encontrar otra respuesta a mi pregunta.

Y seguimos a vueltas con Garoña

El secretismo del CSN continúa en el caso de la central nuclear de Santa María de Garoña (igual que en el del almacén de residuos radioactivos de Villar de Cañas). El acceso a la información del proyecto está restringido al máximo, dentro y fuera del organismo, y ni siquiera los consejeros del centro pueden disponer de los estudios libremente.

Mientras tanto, sus técnicos denuncian injerencias políticas, presiones de la dirección, falta de independencia, "caza de brujas", etc. Algo grave en cualesquiera circunstancias pero más aún en estos momentos de Gobierno en funciones y probable cambio de responsables y criterios gubernamentales a la vista. El personal se ha visto obligado a volver a los informes en papel, que tras su elaboración son escaneados para digitalizarlos y son archivados en un servidor aparte, no en la base documental general.

“En materia de seguridad nuclear la transparencia y la participación pública se convierten en garantías. Cuánta más información hay disponible y más fácil es exigirla, la seguridad es mayor”, sostiene Raquel Montón, de Greenpeace. “Pero hoy el CSN, en lugar de apostar por la transparencia, camina justo en la dirección contraria”.

La dirección del organismo aplazó por segunda vez, hace más de dos meses y por supuestos problemas de agenda, la reunión del Comité Asesor, un órgano en el que están representados Gobierno, CCAA y ayuntamientos, pero también organizaciones ecologistas y sindicales. La inmediatez de las elecciones del 20-D y el total control del PP sobre el Consejo del CSN estaban en el origen de esa decisión. La dirección del Consejo prefirió posponer un problema y ahorrarle al Gobierno más ruido antes de las elecciones sobre las polémicas abiertas.

En estas últimas fechas la polémica se ha agravado porque sigue siendo una auténtica incógnita lo que el Gobierno actual pueda llegar a resolver respecto a la reapertura o parada definitiva de la central y porque, en la segunda central más antigua de España, la de Almaraz, los inspectores del CSN han alertado de fallos en el sistema de refrigeración, sugiriendo incluso la parada inmediata del reactor para solucionar el problema. Greenpeace advirtió ya en 2015 de que Almaraz representa las carencias de todas las plantas españolas, como evidenciaba un informe europeo realizado por una consultora independiente en el que se suspendía el test de resistencia nuclear.

En estos mismos días, todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, tras una reunión de trabajo impulsada por Greenpeace, habían remitido una carta al presidente del CSN solicitando que detenga temporalmente el proceso de evaluación para la renovación de explotación de Garoña hasta la formación de un nuevo gobierno. También se le solicita su comparecencia urgente para informar debidamente de todo el proceso.

Sin embargo, un día después el pleno del CSN daba nuevos pasos para hacer posible reabrir la central y aprobaba modificaciones técnicas que lo facilitan. Lo justificaban como previsto en la guía de evaluación para la evaluación y emisión del informe solicitado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, informe que sería remitido durante el segundo semestre del presente año.

Por todo ello, y como he indicado en otros posts de este blog, se extiende el temor de que el visto bueno primero del CSN y eventualmente también del Gobierno serviría para que Endesa e Iberdrola puedan lanzar una batalla legal para reclamar una indemnización por lucro cesante en caso de orden de cierre posterior y para abrir la puerta para que el resto de centrales nucleares españolas se lancen a solicitar la ampliación de su vida útil hasta la sesentena.