El secretismo del CSN continúa en el caso de la central nuclear de Santa María de Garoña (igual que en el del almacén de residuos radioactivos de Villar de Cañas). El acceso a la información del proyecto está restringido al máximo, dentro y fuera del organismo, y ni siquiera los consejeros del centro pueden disponer de los estudios libremente.
Mientras tanto, sus técnicos denuncian injerencias políticas, presiones de la dirección, falta de independencia, "caza de brujas", etc. Algo grave en cualesquiera circunstancias pero más aún en estos momentos de Gobierno en funciones y probable cambio de responsables y criterios gubernamentales a la vista. El personal se ha visto obligado a volver a los informes en papel, que tras su elaboración son escaneados para digitalizarlos y son archivados en un servidor aparte, no en la base documental general.
“En materia de seguridad nuclear la transparencia y la participación pública se convierten en garantías. Cuánta más información hay disponible y más fácil es exigirla, la seguridad es mayor”, sostiene Raquel Montón, de Greenpeace. “Pero hoy el CSN, en lugar de apostar por la transparencia, camina justo en la dirección contraria”.
La dirección del organismo aplazó por segunda vez, hace más de dos meses y por supuestos problemas de agenda, la reunión del Comité Asesor, un órgano en el que están representados Gobierno, CCAA y ayuntamientos, pero también organizaciones ecologistas y sindicales. La inmediatez de las elecciones del 20-D y el total control del PP sobre el Consejo del CSN estaban en el origen de esa decisión. La dirección del Consejo prefirió posponer un problema y ahorrarle al Gobierno más ruido antes de las elecciones sobre las polémicas abiertas.
En estas últimas fechas la polémica se ha agravado porque sigue siendo una auténtica incógnita lo que el Gobierno actual pueda llegar a resolver respecto a la reapertura o parada definitiva de la central y porque, en la segunda central más antigua de España, la de Almaraz, los inspectores del CSN han alertado de fallos en el sistema de refrigeración, sugiriendo incluso la parada inmediata del reactor para solucionar el problema. Greenpeace advirtió ya en 2015 de que Almaraz representa las carencias de todas las plantas españolas, como evidenciaba un informe europeo realizado por una consultora independiente en el que se suspendía el test de resistencia nuclear.
En estos mismos días, todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, tras una reunión de trabajo impulsada por Greenpeace, habían remitido una carta al presidente del CSN solicitando que detenga temporalmente el proceso de evaluación para la renovación de explotación de Garoña hasta la formación de un nuevo gobierno. También se le solicita su comparecencia urgente para informar debidamente de todo el proceso.
Sin embargo, un día después el pleno del CSN daba nuevos pasos para hacer posible reabrir la central y aprobaba modificaciones técnicas que lo facilitan. Lo justificaban como previsto en la guía de evaluación para la evaluación y emisión del informe solicitado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, informe que sería remitido durante el segundo semestre del presente año.
Por todo ello, y como he indicado en otros posts de este blog, se extiende el temor de que el visto bueno primero del CSN y eventualmente también del Gobierno serviría para que Endesa e Iberdrola puedan lanzar una batalla legal para reclamar una indemnización por lucro cesante en caso de orden de cierre posterior y para abrir la puerta para que el resto de centrales nucleares españolas se lancen a solicitar la ampliación de su vida útil hasta la sesentena.
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